Cláusula de Allanamiento Futuro: Protege tu Propiedad con la Ley 30201

En el dinámico mercado inmobiliario de Lima, contar con herramientas legales que salvaguarden tus intereses como propietario es fundamental. Una de estas herramientas es la Cláusula de Allanamiento Futuro, introducida por la Ley 30201. Esta disposición legal permite agilizar el proceso de desalojo en casos específicos, brindándote mayor seguridad al momento de alquilar tu inmueble.​

¿Qué es la Cláusula de Allanamiento Futuro?

La Cláusula de Allanamiento Futuro es una estipulación que se incluye en el contrato de arrendamiento, mediante la cual el arrendatario se compromete a desocupar el inmueble en caso de:​

• Vencimiento del contrato.
• Falta de pago de la renta por dos meses y quince días.​

Esta cláusula fue incorporada al ordenamiento legal peruano mediante la Ley 30201, que modificó el artículo 594 del Código Procesal Civil .

Requisitos para su Validez

Para que la Cláusula de Allanamiento Futuro sea válida y efectiva, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Incluir la cláusula en el contrato de arrendamiento.
2. Legalizar las firmas del arrendador y arrendatario ante notario público o juez de paz.​

Estos requisitos son esenciales para que, en caso de incumplimiento, puedas iniciar un proceso de desalojo expedito .​

Procedimiento de Desalojo

Si se presenta alguna de las causales mencionadas, el procedimiento a seguir es el siguiente:​

1. Presentación de la demanda: El arrendador presenta la demanda de desalojo ante el Poder Judicial.
2. Notificación al arrendatario: El juez notifica al arrendatario, quien tiene un plazo de seis días para demostrar que el contrato sigue vigente o que ha pagado la renta adeudada.
3. Orden de desalojo: Si el arrendatario no responde o no acredita lo anterior, el juez ordena el desalojo en un plazo de quince días hábiles .​

Beneficios para el Propietario

Implementar la Cláusula de Allanamiento Futuro en tus contratos de arrendamiento ofrece múltiples beneficios:

• Agiliza el proceso de desalojo, reduciendo significativamente el tiempo en comparación con un proceso judicial ordinario.
• Brinda mayor seguridad jurídica, al establecer claramente las condiciones de desalojo.
• Protege tu inversión, al facilitar la recuperación del inmueble en caso de incumplimiento.​